ANÁLISIS A FONDO. J. Francisco Gómez Maza. UNA IZQUIERDA PERDEDORA

Lun 10-02-14
Francisco Gómez Maza
     Análisis a Fondo: Una izquierda perdedora
·        El carácter testimonial del derecho al pataleo
·        Lo que se aprueba es porque va ya aprobado
 
Las reformas llamadas estructurales fueron ideadas por el presidente Peña Nieto para dejar sentadas las bases del modelo que él y su partido, con el apoyo de la derecha panista, están seguros que le conviene a México.
Vale decir conviene a los inversionistas nacionales y extranjeros: Crear riqueza primero en las manos de la clase dominante, para luego distribuir los frutos de ella entre las masas de trabajadores mediante la creación de puestos de trabajo.
Un modelo que podríamos endosar a Juan Calvino, el inspirador del sistema neocolonial de los Estados Unidos de Norteamérica.
El Estado, en ese contexto, es instaurado como garante, como defensor de la propiedad, entendida ésta más que como un bien común, coordinado por el Estado, como un bien en manos de los capitalistas, que son los que se constituyen en administradores de los recursos económicos, y utilizan la fuerza de trabajo para hacer crecer la economía.
En este modelo, que no es novedoso, ya que impera en la inmensa mayoría de las economías del hemisferio occidental, las mayorías legislativas siempre responderán a la instrucción del jefe del poder ejecutivo y harán todo para apoyar las leyes y reformas iniciadas por él, como las reformas que se han aprobado y sobre todo la reforma energética, que trastoca el sentido social de la Constitución para dar cabida, en el monopolio estatal de los hidrocarburos, a los grandes inversionistas nacionales y, sobre todo, extranjeros.
El objetivo de estas reformas estructurales es totalmente congruente con el modelo de economía adoptado por el partido gobernante desde que abandonó la doctrina social de la revolución. Nada ni nadie detendrá a quienes detentan el poder político, mandatados por el voto popular, en su tarea de construir una economía productiva y competitiva, lo cual quiere decir privilegiar al capital y a los capitalistas para redistribuir mediante la creación de fuentes de trabajo y lograr que los trabajadores dispongan de algo de dinero en la cartera, aunque no lleguen jamás a poseer las abultadas cuentas bancarias de las clases adineradas.
La izquierda, así, no ejerce más que un rol testimonial.  Nunca podrá acceder al poder político, ni logrará cambiar las decisiones de las mayorías legislativas, controladas por el PRI con el apoyo del partido de Acción Nacional. Las leyes secundarias de las reformas que aún falta reglamentar, sobre todo la energética, están ya aprobadas desde antes de que sean estudiadas, discutidas y aprobadas en las comisiones legislativas.
No hay de otra. Peña Nieto está convencido de que son lo mejor para los mexicanos y nadie se interpondrá en el camino de lograr una economía moderna al estilo americano. 
Así funciona el determinismo político. Tiene que haber otro de esos llamados marcos legales. El interés en México. Poner en movimiento a México. Vale decir dar seguridad y confianza a los inversionistas. Sólo ello cuenta. Los trabajadores recibirán los beneficios del incremento del capital. Ellos no tienen vela en este funeral. Ni mucho menos los partidos políticos autocalificados de izquierdistas. Las leyes reglamentarias inclusive serán aprobadas por la mayoría de la bancada perredista, encabezada por una dirigencia ni de derecha ni de izquierda sino pragmática y por tanto oportunista.
Da ternura pues que personajes de la talla del ex regente Marcelo Ebrard se adhieran a este movimiento encabezado por Dante Delgado Ranauro. Ni los Chuchos del PRD, ni mucho menos el perínclito Andrés Manuel López Obrador pareciera que van a unirse al tal Polo. No es asunto que les importe por las causales que cada grupo maneja.
Así que los izquierdistas sólo continuarán con acciones testimoniales. No pueden quedarse cruzados de brazos, pero están conscientes de que todo lo que aprueba la legisladora viene ya amarrado.
Ay, México. Cuándo entenderemos que el Estado es el defensor por derecho de la propiedad y no es para ser garante de la democracia participativa. Y esto es igual para México, para los países occidentales e inclusive para la Rusia y la China comunista.

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